El Supremo Tribunal Federal (STF) concluyó el juicio conjunto de la ADPF nº 342 y de la Acción Civil Originaria (ACO) nº 2463, referentes a las restricciones impuestas a la adquisición de tierras rurales por empresas brasileñas controladas por capital extranjero. El tribunal decidió por la constitucionalidad de los límites definidos por la Ley nº 5.709 de 1971 y por el Dictamen LA-01 de 2010 de la Abogacía General de la Unión (AGU).
Por un lado, se argumentaba que las limitaciones impuestas por la legislación de 1971 constituían barreras a la inversión extranjera directa, con un potencial impacto negativo sobre la competitividad del agronegocio y el desarrollo de proyectos en sectores como logística, energía renovable y créditos de carbono.
En contrapartida, la corriente favorable a las restricciones sostuvo que la tierra es un activo estratégico y finito, esencial para la seguridad nacional. La ausencia de control sobre la adquisición de vastas extensiones territoriales por capital extranjero podría, según esta visión, comprometer el dominio estatal sobre recursos hídricos y minerales, además de representar un riesgo para la seguridad alimentaria, especialmente en zonas fronterizas.
Prevaleció en el STF el entendimiento por el mantenimiento de las restricciones, bajo el fundamento de la preservación de la soberanía. Según el ministro Marco Aurélio (jubilado), ponente de la sentencia, la Ley de 1971 fue ratificada por la Constitución Federal de 1988. De este modo, las empresas brasileñas bajo control extranjero permanecen sujetas a un régimen de autorización previa para la adquisición de tierras, con la obligatoriedade de registrar la operación ante el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) y la observancia del límite de superficie de la propiedad, fijado en 50 módulos de explotación.
El veredicto del STF establece un marco de seguridad jurídica sobre el tema, consolidando una política de control sobre activos territoriales estratégicos y señaliza al mercado global las directrices de Brasil para la inversión extranjera en el sector.